Cerca de medio millón de inmigrantes se encuentra de forma irregular en España amenazado por las repatriaciones que está llevando a cabo el Gobierno, según Edoardo Bazzaco, el coordinador del informe anual de la organización SOS Racismo. Sólo en la legislatura socialista estas expulsiones han afectado a más de 370.000 personas, un 43% más que durante el segundo Gobierno de Aznar(un total de 258.049 inmigrantes fueron repatriados entre los años 2000 y 2003).

 

Ningún partido político ha escapado al análisis crítico de la ONG, que ha denunciado el triunfo del discurso xenófobo de los políticos de la derecha, que han utilizado al inmigrante como caldo de cultivo para relacionar inmigración con delincuencia. El informe revela que el control de fronteras, la discriminación, la vulneración de derechos o los malos tratos, entre otros, son algunos de los síntomas del racismo institucional y social latente que padece el estado español.

 

La situación del inmigrante en España ha llevado a la organización a pedir la derogación de la Ley de Extranjería por sus mecanismos discriminatorios y lesivos de los derechos de los inmigrantes y porque está contribuyendo a crear un proceso de cronificación de la irregularidad. Para acabar con las limitaciones de la ley actual, SOS Racismo pide al Gobierno coraje político para abordar un cambio de rumbo en la política migratoria, en lugar de medidas parciales que no abordan el fondo del asunto.

 

Javier Ramírez, portavoz de la organización, ha hecho hincapié en otra grave forma de racismo en nuestro país: los malos tratos y abusos por parte de los cuerpos de seguridad públicos y privados. Actuaciones amparadas por el secretismo y la impunidad que están potenciadas por el funcionamiento del sistema judicial y la normativa de extranjería.

 

SOS Racismo también expone que el peligro que corren los inmigrantes subsaharianos se multiplica con la política migratoria de la UE de externacionalizar las fronteras. La tendencia actual es delegar el control de fronteras en los países de tránsito como Marruecos, Argelia o Libia, países de dudoso reconocimiento de los derechos humanos. Para la organización el fin de la persecución al inmigrante pasa por acabar con la política de blindaje de fronteras y con las repatriaciones, además de tratar de implantar medidas permanentes de regularización.

 

Extraído de: HuyEs