Cuando un solicitante de asilo ve su solicitud inadmitida a trámite, se le puede abrir un expediente de expulsión por su estancia irregular en el territorio español. Lo mismo si no se pide asilo y no tiene ninguna autorización de residencia.

Cuando la Policía abre una expulsión, se pueden realizar unas alegaciones y pedir la realización de pruebas en el plazo de 48 horas. Para esto, se tiene derecho a un abogado de oficio así como a un intérprete. Si no se realizan alegaciones o si éstas son rechazadas, el acuerdo de inicio del procedimiento de expulsión será considerado como una propuesta de resolución.

Con la propuesta que hace la Policía, la Delegación o Subdelegación del Gobierno decreta la expulsión y ya se puede ejecutar. Se podrá realizar un recurso contra este decreto de expulsión, ante la Justicia, con derecho a un abogado de oficio y gratuito.

Para que el Gobierno español pueda expulsar a un extranjero, necesita tener un convenio con su país de origen, o bien llegar a un acuerdo puntual con el Consulado de ese país en España. Para ejecutar esa resolución de expulsión, el expedientado puede ser internado en un centro de internamiento para extranjeros, en el que en ningún caso podrá estar más de 40 días, tras los cuales deberá ser puesto en libertad si no se le ha expulsado entonces.

Todo decreto de expulsión, se ejecute o no, conlleva una prohibición de entrada de 3 a 10 años, no sólo en España, sino en todos los países de la Unión Europea, salvo Gran Bretaña e Irlanda. Si en el plazo de seis meses desde que le abrieron la expulsión la Policía no ha dictado ninguna resolución, el extranjero podrá solicitar la caducidad del expediente.

Aunque España no pueda ejecutar la expulsión del extranjero, le ponga en libertad y se le permita viajar por el país, es muy importante anular ese expediente de expulsión, puesto que es un obstáculo para obtener un permiso para trabajar y residir regularmente en España.

Extraído de: HuyEs

Publicado por charlitox