La votación del proyecto de ley que habilita el cambio de nombre y sexo en los registros públicos se trabó ante la posibilidad de que la iniciativa avale el matrimonio y la adopción homosexual.

El proyecto permite a los travestis cambiar su nombre con su sola voluntad y sin mediar intervención quirúrgica.

La Justicia uruguaya se ha mostrado proclive, hasta ahora, a habilitar la revisión sólo cuando hay una operación de cambio de sexo.

De todas maneras, la discusión en la comisión de Población del Senado se avivó ante la postura de los legisladores del Partido Nacional, los cuales –para variar y haciendo gala de su conservadurismo extremo- rechazaron que dos personas del mismo sexo pueden casarse o adoptar.

Los nacionalistas solicitaron al cuerpo, que no se destruya la partida de nacimiento y se anote el expediente judicial que resolvió el cambio de sexo, como forma de denunciar públicamente –inclusive post mortem- que la persona no era ni se llamaba como figuraba ante su entorno.

Ante la polémica planteada, el Frente Amplio –partido “progresista” que al día de hoy conduce los destinos del país-, propuso incluir una cláusula que establezca que la reserva del cambio registral puede no aplicarse “en el caso del matrimonio o la adopción, para lo cual deberá intervenir preceptivamente el juez”.

Ya sucedió con el aborto, ahora ocurre lo mismo con la posibilidad de que las personas elijan libremente, como debe ser, como desean vivir su sexualidad.

En pleno siglo XXI, aunque parezca mentira, Uruguay se enmaraña en discusiones trasnochadas y fuera de contexto, que atrasan la inserción de nuestro país a nivel regional y mundial, y que, por encima de todas las cosas, atentan contra las libertades que, Constitucionalmente, están explayadas en nuestra carta magna.

Martín González

Director – Conductor “Crónicas del Sur”

Radio Yorugua

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